Eduard Ibáñez
ESTADOS DE OPINIÓN

Una mala opción: armar los agentes rurales.

Artículo de opinión de Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau Barcelona.

El Gobierno de la Generalitat, a través del Departament d'Agricultura (Teresa Jordà, ERC) se ha propuesto armar al Cuerpo de Agentes Rurales de Catalunya.

Una vez se apruebe el nuevo reglamento de armas del Cuerpo, actualmente en tramitación, todos los agentes deberán llevar defensas personales en su día y día y, siempre que los mandos lo indiquen, también armas de fuego.

Se trata de una medida muy preocupante. El Cuerpo de Agentes Rurales no pertenece legalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Su misión, como su vocación profesional, es preservar y garantizar el uso adecuado de los espacios naturales, no la de prevenir la delincuencia. Por ello, una buena parte de los miembros del Cuerpo rechazan una medida que supondrá un cambio importante de las condiciones en la que se desarrolla su actuación. ¿Qué sentido tiene dotarlos indiscriminadamente de armas?

La política de armar a los agentes fue decidida a consecuencia de un triste suceso. Hace unos dos años, un cazador furtivo disparó y mató a dos agentes rurales en Aspa (Lleida). A raíz de la tragedia, se trasladó una fuerte presión sobre el Govern para reforzar la seguridad de los agentes rurales. Y así debe ser. Pero, ¿armar a los agentes es dotarlos de más seguridad? Tengo serias dudas.

En realidad, según el servicio de riesgos laborales, las actuaciones en las que los agentes sufren un riesgo de agresión representan una parte muy pequeña del total (en torno al 5%), que se corresponden casi exclusivamente con la prevención de la caza furtiva. El historial de agresiones cometidas sobre agentes rurales muestra que estas son realmente excepcionales. Por ello, los cuerpos de agentes rurales de otros territorios españoles o de otros países no van armados, o solo lo van aquellas unidades especializadas que se dedican específicamente a la caza o pesca furtiva. No parece demasiado proporcionado, ni desde un punto de vista técnico ni económico, armar a todos los agentes, con las consecuencias que ello supone, para hacer frente a un riesgo tan acotado.

Tampoco es evidente que llevar un arma sea ninguna garantía de protección ante una agresión, que más bien puede hacerla aún más grave. En este sentido, por lo que se sabe del caso de los agentes de Aspa, llevar armas de fuego probablemente no les hubiera evitado la muerte, dado que el ataque fue imprevisible y sin dar opción a defenderse.

En cualquier caso, hay una cuestión aún más importante. Generalizar el uso de armas significará inevitablemente generar nuevos riesgos para los mismos agentes o para terceros, a causa de accidentes, robos del arma, uso abusivo de los propios agentes, o el hecho de que sean percibidos como una amenaza por parte de malhechores que incite a la agresión. ¿Se han evaluado todos estos riesgos por parte del Govern? Por la información de la que disponemos, parece que no es así. ¿Resulta justificado generar estos nuevos riesgos a cambio de una hipotética y más que discutible mayor seguridad?

Ciertamente, hay que proteger la seguridad de los agentes, como la de todo trabajador público. Pero esto no se resuelve con la salida fácil de dotarlos de armas. Son preferibles otras medidas más efectivas, tales como controlar y limitar más el uso armas de caza, evitando el acceso a personas con trastornos mentales, así como dotar a los agentes de una mayor especialización y más formación en autoprotección y en prevención y gestión de conflictos. En realidad, las armas no aportan más seguridad.

Eduard Ibáñez